De acuerdo con los registros de las prendas localizadas en las fosas clandestinas, publicados por Fiscalía General del Estado de Veracruz y la Comisión Nacional de Búsqueda, sí hay prendas de bebés y menores de edad. Las fotos fueron lanzadas a internet en siete paquetes disponibles en la página oficial del Gobierno federal, en el apartado de dicha Comisión, en las que se aprecian pantaloncitos largos, cortos, un mameluco, y varios juegos de chanclitas y huaraches para bebé.
Por Ignacio Carvajal y Wendy Selene Pérez
Veracruz/Ciudad de México, 23 de septiembre (SinEmbargo/Blog Expediente).– De la ropa localizada por las autoridades veracruzanas en la fosa de El Arbolillo, se desprende que los perpetradores pudieron haber incluido a menores de edad entre sus víctimas.
Y aunque en esa fosa no han sido reclamados hasta ahora restos de menores, incluso –como lo indica la ropa expuesta en el registro fotográfico– bebés, en lo que va de la guerra contra la delincuencia en Veracruz, se suman al menos 10 menores de edad que fueron asesinados y lanzados en fosas anónimas.
El último, y no tan sonado en medios nacionales, el de Teresa Silva Sánchez, de 17 años, cuyo cuerpo apareció sepultado en una playa de Coatzacoalcos, en octubre pasado.
Fue una familia que vacacionaba la que dio con una mano que se asomaba entre la arena, al parecer, localizada por aves de carroña que así la dejaron cuando intentaban comer su carne podrida.
Al dar parte a la policía, confirmó la presencia de dos cadáveres, uno de ellos, sin cabeza, que hasta la fecha no ha sido localizada.
Las dos estaban amarradas y con visibles huellas de tortura.
La menor apareció con su prima, Norma Sánchez Córdova, de 20 años de edad.
Las dos originarias de las Choapas se encontraban en Coatzacoalcos trabajando.
En el caso de la menor, se constató que contaba con cinco meses de embarazo, y su cabeza nunca fue encontrada.
Un registro hemerográfico sobre la presencia de fosas en el estado de Veracruz, en los últimos más de 20 años, expresa que entre las víctimas, hay confirmados 10 menores de edad.
El caso que más llamó la atención de la prensa, se dio en 2014, en el municipio de Tres Valles, con el hallazgo de la fosa del rancho El Diamante, de la que exhumaron a más de 30 víctimas.
En ese predio, a unos cinco minutos de la cabecera de Tres Valles, se desenterró los cadáveres de dos menores de edad que eran hijos de Mari Cruz Ramón Uscanga, «La Bailarina».
Mari Cruz Ramón Uscanga fue sustraída de su casa con violencia en días previos al hallazgo. Maleantes en varios vehículos se la llevaron junto a toda su familia, los dos niños, otro mayor de edad, ella y su actual pareja.
La mujer fue encontrada hecha pedazos y con señales de violencia dentro de un agujero en el rancho El Diamante, donde la prensa constató además que los agresores practicaban rituales satánicos y a la Santa Muerte.
Ese entierro, presumiblemente, fue realizado por el Cártel de los Zetas y hasta ahora nadie ha sido detenido por tales hechos.
A mediados del 2014 igualmente se encontró una fosa en la colonia Luis Echeverría, de Coatzacoalcos, en la que se exhumaron los restos de la menor Karime Cruz Reyes, de cinco años, y de su tía, Mónica Reyes, quienes habían sido secuestradas.
En las fosas de La Gallera, en Tihuatlán, en la zona norte del estado, el Colectivo María Herrera-Poza Rica también encontró cráneos de dos niños, el cual fue entregado a las autoridades.
En ese lugar, además de fosas, los colectivos presumen que era empleado como «cocina», es decir, para deshacer personas en tambos con combustible o con ácido.
En abril del 2015, en un pozo de la colonia JM Rosado, se encontró el cadáver del menor Luis Ángel, de 17 años de edad, quien fue hecho pedazos y lanzado junto a otra persona.
Sin embargo, los datos sobre menores asesinados y lanzados a fosas podrían ser mucho más, ya que entre las de Arbolillo y Colinas de Santa Fe hay numerosas víctimas que no han sido identificadas ante la falta de equipo profesional suficiente para la Fiscalía.
Sobre este recuento son menores edad -en su mayoría- que han sido víctimas de la violencia durante el Gobierno de Javier Duarte de Ochoa, quien desde la cárcel insiste en deslindarse de las fosas y de los perpetradores.
Los datos del último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indican que durante el 2018 han sido asesinados 26 menores de edad por arma de fuego y otras causas, en 2017 fueron 63; en 2016, 22; y en 2015, 17.
Los datos expresan la creciente cifra de menores de edad que son asesinados producto de la violencia.
En varios casos mueren cuando sus padres son buscados para ajustes de cuenta.
